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La doctrina llama “delitos políticos puros” a los que son delitos contra la organización política interna y el gobierno de un Estado, y que no contienen elemento alguno de delincuencia común y por otro lado están los llamados “delitos políticos relativos” que son infracciones en las cuales un delito común está involucrado o conectado con el acto inspirado en un móvil político. Enlaces externos[editar]

En este caso, el país en cuestión podría negarse a entregar a la persona por falta de correspondencia de los delitos. Sin embargo, si el delito cometido en España es considerado un delito grave en el país que tiene tratado de extradición, es posible que se solicite la entrega de la persona.

En casos en los que un país no tiene un acuerdo de extradición con España, es necesario explorar alternativas legales para garantizar que los culpables de delitos no queden impunes.

Corea del Norte es un país aislado que no tiene un tratado de extradición con Argentina. Esto significa que los delincuentes que huyen a Corea del Norte no pueden ser entregados a las autoridades argentinas.

La extradición es un proceso authorized mediante el cual un individuo acusado o condenado por un delito en un país es entregado a otro país que lo solicita para su enjuiciamiento o cumplimiento de una pena.

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Identifican cuerpos de los three extranjeros que habrían sido asesinados durante robo en Baja California

La falta de un acuerdo de extradición con un país puede representar un obstáculo para la justicia al dificultar la entrega de fugitivos y la cooperación entre los sistemas judiciales.

En declaraciones recogidas por la agencia Efe, el Departamento de Estado dice que "seguirá trabajando para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos de forma injusta en Venezuela", porque la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero es su "máxima prioridad".

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No se concede la extradición por delitos políticos, porque estos dejan de serlo al atravesar una frontera. Como ilustra el jurista José Irureta Goyena: “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.

España puede tomar medidas como la vigilancia y seguimiento de las personas acusadas o condenadas, el control de los pasaportes y documentos de identidad, y la cooperación con otros países y organismos internacionales para impedir la fuga de estas personas.

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